La inseguridad está limitando a la participación ciudadana

Autor: Alvaro Andrade

La violencia e inseguridad que atraviesa Ecuador han alcanzado niveles sin precedentes en el país. Al cerrar el año 2023, Ecuador registró más de 7.000 muertes violentas, afectando todas las provincias, especialmente las de la costa, por esta escalada de violencia (Ministerio del Interior, 2023). Esta situación genera impactos negativos de forma directa en el empleo, la pobreza, migración y genera situaciones de violencia más severas. Aunque algunos problemas se visibilizan de manera más evidente debido a sus consecuencias, en realidad la falta de seguridad afecta a todas las dimensiones de la convivencia humana, incluida la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre sus territorios y comunidades.

Es importante reconocer que la situación actual no es la única causa del debilitamiento de la participación ciudadana. La crisis institucional y la continua desconfianza entre el gobierno y la ciudadanía son factores clave que inciden en el desánimo de la gente para involucrarse en la toma de decisiones. Sin embargo, el temor que siente la población debido a la violencia que se vive también limita la participación ciudadana y favorece el autoritarismo de las autoridades electas, situación lamentablemente consentida por una parte considerable de la población ya que no se dan las condiciones para organizarse y discutir a profundidad, siendo una situación aprovechada por las autoridades de turno.

Aunque la inseguridad y la participación ciudadana pueden no parecer relacionadas a simple vista, en realidad tienen una relación directa, debido a que el involucramiento de la ciudadanía es fundamental para lograr ciudades y comunidades seguras, inclusivas y sostenibles. A nivel mundial, regional y nacional, hay experiencias que demuestran cómo la participación ciudadana aporta de manera crucial a resolver problemas, incluso aquellos complejos como la violencia y la delincuencia. La participación ciudadana en temas de seguridad puede manifestarse de diversas formas, como la incidencia en la toma de decisiones, la generación de opiniones, soluciones o la visibilización de problemas, así como la organización comunitaria para emprender acciones directas.

Desafortunadamente, a pesar de su importancia, hay evidencia de cómo las olas de inseguridad pueden limitar la participación de las personas. Un ejemplo claro en la región es la situación de El Salvador, donde el presidente ha utilizado la lucha contra las bandas delincuenciales y la violencia como una de sus principales estrategias comunicacionales. Aunque las acciones del gobierno, han tenido impactos positivos según cifras oficiales, también han propiciado un panorama a nivel regional que favorece e impulsa el autoritarismo, lo que socava la participación ciudadana y los derechos humanos a mediano y largo plazo.

Es comprensible que una parte de la ciudadanía esté dispuesta a sacrificar su derecho a participar en decisiones públicas si consideran que el gobierno está abordando sus problemas principales. Sin embargo, existen graves consecuencias por alejarse de la participación y dejar que el gobierno actúe solo, debido a que esto puede conducir a decisiones autoritarias que, aunque inicialmente parezcan beneficiosas, con el tiempo pueden desvirtuarse y favorecer solo a ciertos grupos. Además, limitar la participación destruye el tejido social y evita la formación de nuevos liderazgos, concentrando el poder de decisión en pocas personas o incluso en una sola figura, situaciones que suceden en la región, incluyendo a Ecuador y sus ciudades.

En el caso ecuatoriano, también se observa cómo la inseguridad limita la participación ciudadana. Actualmente varios cantones están elaborando sus planes de seguridad ciudadana, pero lamentablemente, muchos de ellos se realizan sin la participación adecuada de la ciudadanía. Algunos argumentan que es un proceso confidencial, confundiendo seguridad pública con la seguridad ciudadana, mientras que en otros casos se excluye a poblaciones de áreas consideradas más complejas, sin ofrecer alternativas para su inclusión en la planificación territorial.

Es fundamental comprender que la seguridad abarca múltiples dimensiones del bienestar humano y va más allá de la delincuencia y el narcotráfico. Si bien estos problemas representan amenazas graves para la convivencia en Ecuador, las soluciones deben ser integrales e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Esto no solo promueve la participación ciudadana como un derecho, sino que también ayuda a superar el miedo, restablecer la confianza entre la ciudadanía y el gobierno, reconstruir el tejido social y empoderar a las comunidades para generar soluciones sostenibles para su desarrollo.

Referencia:

Ministerio del Interior . (2023). Cifras de muertes violentas en Ecuador.

Autor:

Alvaro Andrade

Economista, experto en Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y planificación multiescalar.

Director Ejecutivo de Investoria Foundation y Coordinador Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible región Andes en Quito – Ecuador (SDSN Andes).

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