Ecuador vuelve a las urnas con las mismas debilidades y vicios de siempre

Autor: Alvaro Andrade

En noviembre Ecuador volverá a las urnas y, una vez más, el panorama electoral resulta poco alentador. Aunque hay marcadas excepciones, pareciera tratarse de una constante en cada proceso electoral, no debería ser normal. El escenario actual evidencia la presencia de partidos y movimientos de alquiler, candidaturas improvisadas y una evidente limitación a la participación de figuras políticas opuestas al gobierno central de turno, con independencia de que las acciones emprendidas en su contra sean justificadas o no, pero con una injerencia que resulta difícil de ignorar.

La existencia de partidos y movimientos de alquiler es tan característica de las elecciones ecuatorianas como el encebollado de nuestra gastronomía. En los últimos años, la institucionalidad de los partidos y movimientos políticos parece haberse degradado hasta convertirse, en muchos casos, en una estructura al servicio del mejor postor. Un ejemplo representativo en este proceso es el movimiento Amigo, que ahora servirá de plataforma para las candidaturas de la Revolución Ciudadana, pero que anteriormente acogió postulaciones de Pedro Freile, Bolívar Armijos, Yaku Pérez e Iván Cueva. Además, se trata de una organización fundada por un exasambleísta condenado por el caso de reparto de hospitales durante el gobierno de Lenín Moreno.

Desafortunadamente, el movimiento Amigo no constituye un caso aislado. Basta con revisar los procesos de elecciones primarias en las distintas provincias para constatar que organizaciones llamadas a promover la democracia interna, la formación política, el fortalecimiento de estructuras partidarias y la construcción de un proyecto ideológico compartido, hoy permanecen abiertas al mejor postor, ya sea para evitar su desaparición o para convertir la política en un negocio rentable. Como consecuencia de esta crisis partidaria, las elecciones primarias terminan convirtiéndose en una auténtica burla a la democracia.

El Consejo Nacional Electoral establece que las organizaciones políticas deberán definir en sus estatutos una única modalidad para la elección de sus directivas y candidaturas: primarias abiertas, primarias cerradas o elecciones representativas (CNE, 2025). Aunque este procedimiento es obligatorio, en la práctica constituye poco más que un requisito formal. Desde hace varios meses, la mayoría de ciudades y provincias ya conocían quiénes serían sus principales candidatos. Así ocurre con las dos principales fuerzas políticas, ADN y Revolución Ciudadana (actualmente bajo la plataforma de Amigo), cuyas candidaturas estaban definidas incluso antes de celebrarse los procesos internos. Lo mismo sucede en el ámbito local, donde existen figuras que ya actúan como candidatas incluso antes de contar con una organización política que las respalde oficialmente.

Esta dinámica puede observarse con claridad en el partido de gobierno. Desde hace meses, las principales figuras de ADN han sido posicionadas por el Ejecutivo, incluso llevando a que varios asambleístas renuncien a un cargo para el que fueron elegidos hace apenas un año con el fin de postularse a otra dignidad (Primicias, 2026). En contraste, en Amigo se han hecho públicas las discrepancias entre Rafael Correa y Luisa González respecto a la forma en que se definieron las candidaturas para las próximas elecciones, dejando de lado a la estructura territorial de la organización (Vistazo, 2026).

Otro elemento preocupante es la improvisación. Hoy es posible encontrar candidatos dispuestos a competir indistintamente por una alcaldía o una prefectura con tal de aparecer en la papeleta; asambleístas que abandonan el cargo sin haber cumplido siquiera un año de funciones para buscar otra dignidad; y aspirantes que desconocen tanto el funcionamiento del sistema electoral como las competencias del cargo al que postulan. Pareciera que la preparación y la experiencia han dejado de ser requisitos relevantes. Así, las elecciones dejan de ser un espacio para debatir propuestas de desarrollo y terminan reducidas a una competencia de popularidad y disputa de poder territorial. Las consecuencias no se hacen esperar, se tiene autoridades con poca preparación, sin planes de trabajo sólidos y con limitadas capacidades para ejercer funciones públicas, además de una permanente confrontación entre gobiernos locales y el ejecutivo cuando pertenecen a fuerzas políticas distintas.

Las elecciones seccionales de 2026 tendrán además un elemento especialmente delicado, la limitación de la participación electoral. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, en este proceso adquiere una dimensión particularmente visible. No resulta extraño que las elecciones en Ecuador estén acompañadas por cuestionamientos sobre la influencia de otros poderes del Estado en la función electoral; sin embargo, en esta ocasión la magnitud del fenómeno merece especial atención.

La Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, fue impedida de participar en procesos electorales durante nueve meses, una suspensión que coincidió, casi de manera conveniente, con el adelanto de las elecciones para noviembre de 2026. No obstante, este no constituye el único caso. Otros partidos y movimientos también fueron suspendidos, al igual que importantes figuras de la política nacional y local, entre ellas los alcaldes de Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo, ciudades que concentran algunos de los principales liderazgos políticos opuestos al gobierno nacional. Una situación similar se intenta promover respecto del alcalde de Quito. Más allá de si estas decisiones poseen o no fundamento jurídico, llama la atención que este tipo de procesos parece concentrarse únicamente en actores políticos alejados del poder ejecutivo y no alcanza con la misma intensidad a quienes mantienen una relación cercana o indiferente al poder.

De esta manera, Ecuador vuelve a las urnas por quinta vez en seis años con problemas estructurales que no solo permanecen sin solución, sino que parecen profundizarse. La crisis de confianza en los partidos políticos y, en general, en las instituciones públicas continúa deteriorando la legitimidad del sistema democrático. A ello se suma la persistencia de partidos convertidos en franquicias electorales, la creciente influencia del poder de turno sobre otras funciones del Estado y una política en la que la popularidad parece pesar más que la preparación o las ideas. Mientras estas condiciones persistan, la democracia seguirá debilitándose, la confianza ciudadana difícilmente podrá recuperarse y los procesos electorales continuarán generando más desgaste que esperanza.

Referencias

Consejo Nacional Electoral. (2025, 19 de octubre). Resolución PLE-CNE-3-19-10-2025: Reglamento para la democracia interna de organizaciones políticas, registro de directivas y registro en línea de precandidaturas de elección popular. https://www.cne.gob.ec/wp-content/uploads/2026/04/RESOLUCION-PLE-CNE-3-19-10-2025-signed.pdf

Primicias. (2026, 25 de junio). A falta de cuadros, ADN apunta al Gabinete y a la Asamblea para contar con candidatos para las seccionales. PRIMICIAS. https://www.primicias.ec/politica/elecciones/seccionales-adelantadas-2027/accion-democratica-nacional-adn-daniel-noboa-candidatos-gabinete-ministros-asambleistas-126254/

Vistazo. (2026, 29 de junio). Luisa González y Rafael Correa chocan por primarias en Manabí y el rol del director provincial. https://www.vistazo.com/politica/2026-06-29-luisa-gonzalez-rafael-correa-chocan-primarias-manabi-director-provincial-FI11083071

Autor

Alvaro Andrade

Director Ejecutivo de Investoria Foundation. Economista, experto en Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y planificación multiescalar.

alvaroandrade@investoria.org

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