El trabajo doméstico remunerado (TDR) es uno de los pilares invisibles de nuestra sociedad al brindar cuidados a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mantener los hogares funcionando a diario. Sin embargo, también es uno de los sectores más precarizados, feminizados y atravesados por desigualdades estructurales en Ecuador y América Latina.
Cada 30 de marzo, Ecuador conmemora el Día Nacional de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar (TRH), una fecha reconocida oficialmente desde 2021, tras años de lucha e incidencia de sindicatos de trabajadoras y la Mesa Interinstitucional de apoyo a sus derechos. Esta fecha invita no solo a reconocer su aporte al sostenimiento de la vida, sino también a denunciar las condiciones laborales en las que muchas de ellas trabajan: sin contrato, sin seguridad social, expuestas a violencia y sin remuneraciones justas.
Según datos del Censo 2022 se registran más de 222.495 mujeres que realizan trabajo remunerado del hogar. Más de la mitad se concentra en tres provincias: Guayas, Pichincha y Manabí (CARE, OSE 2020, 22). La informalidad laboral, lejos de reducirse, aumentó del 40% al 44% entre 2014-2017 y el 66% de las TRH migrantes ganan menos del salario básico. A 2021, las mujeres seguían ocupando más del 85% del empleo doméstico registrado en el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), con una distribución constante desde hace al menos dos décadas (REESS, 2021).
Durante la pandemia, más de 33.000 contratos fueron terminados, afectando mayoritariamente a mujeres. Muchas TRH fueron obligadas a pernoctar en sus lugares de trabajo sin jornadas de descanso o perdieron su empleo sin liquidación ni afiliación, tanto por las reformas que se suscitaron en la pandemia o porque no tenían contrato formal. Apenas el 6% recibió indemnización conforme a la ley (Mesa TRH, 2020). Muchas inician sus labores siendo adolescentes o migrantes, lo que agrava la exposición a formas de explotación, discriminación y aislamiento.
Esta situación se agrava con una profunda desigualdad económica, laboral y salarial. Según datos de CARE y el Observatorio de Seguridad Económica (OSE), el 57% de las trabajadoras remuneradas del hogar gana menos del salario básico unificado y el 95% se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Además, el 89% no está afiliada a la seguridad social y el 19% trabaja más de 40 horas semanales por una remuneración promedio de apenas $186,89 (CARE & OSE, 2020).
La precarización estructural se refleja también en el salario promedio registrado de las y los TRH: en febrero de 2025, las mujeres ganaban $397,11 frente a $443,07 de los hombres, manteniéndose una brecha de género persistente de alrededor del 10% al 12% (REESS, 2025)[1]. Además, el empleo doméstico registrado muestra una caída sostenida desde 2016, sin que hasta ahora se haya implementado una respuesta política decidida que revierta esta tendencia.
En este contexto, la aprobación de la Ley N.º 58 en abril de 2025[2] marca un paso importante. Esta reforma al Código del Trabajo, construida con participación activa de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA), incorpora mecanismos de denuncia, garantiza condiciones mínimas de contratación, afiliación al IESS, remuneración justa, acceso a vivienda y alimentación dignas, y prohíbe la contratación de menores de edad. Se alinea con los Convenios 189 y 190 de la OIT, ratificados por Ecuador. Estas normativas internacionales subrayan la obligación del Estado y de la sociedad de garantizar condiciones laborales dignas, seguras y libres de violencia para las trabajadoras del hogar.
Sin embargo, también se debe considerar que la brecha entre la ley y su aplicación es aún abismal. Solo el 47% de las TRH conoce sus derechos laborales y apenas el 50% de los empleadores cumplió con las regulaciones durante la pandemia (CARE–UNATH, 2020). Reconocer, revalorar y redistribuir el trabajo de cuidados es urgente. No hay justicia social posible mientras miles de mujeres —en su mayoría pobres, racializadas y migrantes— sigan sosteniendo la sociedad y las familias a costa del propio bienestar, en condiciones que vulneran sus derechos laborales y humanos.
Desde la economía del cuidado y la economía feminista, el trabajo doméstico remunerado no puede seguir siendo excluido de las prioridades de desarrollo. Las 5 R del cuidado, propuestas desde estos enfoques, ofrecen un marco integral para transformar esta realidad:
- Reconocer el valor económico, social y humano del trabajo doméstico y de cuidados.
- Redistribuir las responsabilidades entre Estado, mercado, comunidad y familias, especialmente entre hombres y mujeres.
- Reducir el tiempo y carga que recae sobre las mujeres, a través de servicios públicos accesibles y tecnología adecuada.
- Remunerar dignamente el trabajo de quienes lo realizan profesionalmente.
- Representar a las trabajadoras en la toma de decisiones y espacios de diálogo social.
Cumplir los derechos conquistados exige mucho más que leyes: implica transformar las relaciones de poder, garantizar recursos públicos suficientes y escuchar activamente las voces de quienes cuidan. La revalorización del trabajo doméstico remunerado, su profesionalización y la supervisión efectiva de las condiciones laborales son parte de una deuda histórica que el Estado y la sociedad aún no saldan. Porque quienes cuidan también merecen ser cuidadas. Y sin justicia para ellas, no hay futuro digno para nadie.
Es hora de que el país mire de frente a quienes ha invisibilizado por siglos. Dignificar el trabajo doméstico remunerado es una obligación colectiva y urgente.
[1] Esta cifra solo considera a las personas que están afiliadas al seguro social en el sector de trabajo remunerado del hogar.
[2] Asamblea Nacional aprobó Ley N.° 58 en favor de las trabajadoras remuneradas del hogar: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/105407-asamblea-nacional-aprobo-ley-ndeg-58-en-favor-de-las#:~:text=%C2%B0%2058%2C%20una%20normativa%20que,esencial%20a%20la%20sociedad%20ecuatoriana.
Carolina Peña
Economista antipatriarcal de la UCE. Cuenta con experiencia en investigación e implementación de proyectos en desarrollo sostenible, género y políticas públicas.