El 20 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva titulada «Reevaluación y Realineación de la Ayuda Exterior de Estados Unidos»[1]. Esta disposición establece una pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior con el objetivo de evaluar su eficiencia programática y alineación con la política exterior estadounidense. Durante este período, se suspenden nuevas obligaciones y desembolsos de fondos destinados a países y organizaciones implementadoras, salvo en casos excepcionales con exención específica.
Esta decisión ha generado preocupación a nivel global, especialmente entre organizaciones humanitarias y sin fines de lucro, ya que interrumpe programas financiados por Estados Unidos. Aunque se han concedido exenciones para asistencia humanitaria esencial—como alimentos y medicinas—muchas otras áreas de cooperación permanecerán en suspenso.
Ecuador no es ajeno a esta medida y ya enfrenta su impacto directo. En la última semana, cientos de proyectos impulsados por organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación se han visto paralizados. Esta situación ha traído consigo la suspensión de actividades con comunidades beneficiarias, despidos en equipos implementadores y una creciente inestabilidad financiera en las organizaciones.
El principal cuestionamiento que surge ante esta medida es: ¿De qué manera y en qué dimensiones impactan estas medidas a distintos actores?
Si bien las organizaciones que reciben financiamiento atraviesan una crisis, el impacto real de estas medidas lo reciben las comunidades beneficiarias, en especial las más vulnerables, aquellas que no son atendidas por el Estado y que dependen proyectos no gubernamentales para acceder a programas en áreas clave como movilidad humana, género, seguridad ciudadana y democracia. Con la suspensión de estos fondos, millones de personas quedan desprotegidas y decenas de problemáticas críticas dejan de ser atendidas.
La sociedad civil organizada y los organismos de cooperación reciben un impacto directo con esta decisión. Incluso antes de esta medida, se reconoce que la estabilidad operativa y financiera es un desafío serio, por ejemplo, muchas organizaciones dependen del voluntariado y operan con recursos limitados (Datalat & Investoria, 2024). Ahora, con la reducción de fondos, un importante número de contratos a nivel global han sido suspendidos, algo muy complejo, ya que son, proyectos esenciales para las comunidades beneficiarias, quienes enfrentan un abandono aún mayor, profundizando su vulnerabilidad y limitando su acceso a servicios y programas fundamentales.
Si bien siempre se ha promovido la diversificación de fuentes de financiamiento, es imposible ignorar el peso de la cooperación estadounidense a nivel global, incluido Ecuador. Esta pausa no solo afecta a grandes organismos internacionales, sino también a organizaciones locales y emergentes, que dependen de estos recursos para su sostenibilidad.
Ante este escenario, surgen varias interrogantes sobre el futuro de la cooperación en el país. ¿Cómo responderán las organizaciones ante esta crisis? Es importante reconocer que el impacto de esta medida no será equitativo dentro del sector: los más perjudicados serán los equipos implementadores y las comunidades beneficiarias. Pues no deja de ser una realidad, la desigualdad que existe entre quienes lideran las organizaciones y quienes son parte de los equipos implementadores de proyectos.
En este sentido, es momento de preguntarse si las organizaciones asumirán su rol de incidencia y compromiso con la sociedad, recordando que el mayor impacto no es la pérdida de financiamiento, sino la interrupción de programas esenciales para las comunidades beneficiarias. El accionar de la sociedad civil debe trascender la preocupación por la estabilidad laboral y dependencia de fondos, sin que esto quiera decir que se debe trabajar en precariedad, pero sí recordando cuál es el fin de este sector y el compromiso con la sociedad.
Por otro lado, es imprescindible señalar la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Más allá de los fondos de cooperación, el abandono estatal ha dejado comunidades enteras desprotegidas, creando territorios fantasma donde la inseguridad, la pobreza y la crisis climática avanzan sin freno. En este contexto, los proyectos de cooperación no son un lujo o una complementariedad, sino que en muchos casos es una necesidad urgente.
Este sacudón de la cooperación internacional es un llamado de atención para replantear la planificación de proyectos y la búsqueda de recursos de forma innovadora y colaborativa. En un mundo cada vez más conflictivo e inestable, es imperativo fortalecer estrategias como:
- Colaboración regional entre países.
- Generación de alianzas y colaboración entre sectores.
- Localización de iniciativas, promoviendo el liderazgo comunitario.
- Diseño de proyectos participativos y de alto impacto.
La dependencia de un solo financista es un riesgo latente y esta crisis deja claro que las organizaciones deben diversificar sus fuentes de apoyo e innovar para evitar que decisiones externas paralicen su labor. El accionar de la sociedad civil organizada depende de nuestra capacidad de adaptación, colaboración, innovación y, sobre todo, de un compromiso genuino con las comunidades con las que trabajamos.
Finalmente, es importante recordar que, aunque nuestro trabajo sea local, no podemos ignorar la realidad internacional. Las dinámicas políticas internacionales tienen un impacto directo en nuestro país y en nuestra región. Sin embargo, más allá de la incertidumbre, este es el momento de demostrar que la sociedad civil organizada es resiliente, colaborativa, innovadora y fundamental para el desarrollo del país.
[1] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/
Fuentes:
Fundación Datalat & Fundación Investoria (2024). Organizaciones emergentes de la sociedad civil en Ecuador y su papel en la democracia. Quito: USAID.
Autor

Alvaro Andrade
Director Ejecutivo de Investoria Foundation. Economista, experto en Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y planificación multiescalar.