Autor: Diego Aguirre
Rothstein (2001) concebía a las instituciones como una forma de organización de los individuos que tiene como objetivo resolver sus intereses colectivos. De acuerdo con Rothstein, existen cuatro tipos de instituciones que los individuos requieren para alcanzar sus intereses comunes: una generadora de normas, una ejecutora de normas, una que vigile los conflictos en los individuos y una encargada de sancionar y castigar a los individuos que transgreden las normas (2001).
La concepción de Estado cabe en esta línea argumental, pues es un conjunto de instituciones que responde a un principio de especialización: cada institución se ocupa de una —o de varias— de las tareas necesarias para hacer efectiva la regulación de conflictos propia de la política (Valles, 2006).
En ese marco, se interpreta que un Estado tiene un poder legislativo que se encarga de generar normas, un poder ejecutivo que ejecuta esas normas a través de políticas públicas y un poder judicial que vigila los conflictos y sanciona a quienes rompen con las normas establecidas.
El Estado ecuatoriano tiene, por tanto, un aparataje de diversas instituciones que se encargan de administrar los recursos públicos para cumplir con objetivos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes. Idealmente, las instituciones deben cumplir con criterios de eficacia y de eficiencia.
Cuando nos referimos a eficacia la comprendemos como la realización de los objetivos establecidos en las distintas entidades públicas, cada una en consideración de sus competencias asignadas (Pérez y Tamayo 2022). La eficiencia implica el empleo de los medios más adecuados de los que dispone la administración pública para satisfacer las demandas individuales o colectivas de la comunidad, logrando el máximo bienestar (Pérez y Tamayo 2022).
En el caso ecuatoriano cabe preguntarse: ¿están cumpliendo las instituciones con sus objetivos?, ¿funcionan las instituciones?, ¿las instituciones están siendo eficaces?
Un considerable número de instituciones radican en los distintos niveles de gobierno, desde las entidades con alcance a nivel parroquial, hasta las instituciones que poseen de cobertura nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas (2024) revela que existen alrededor de 3132 instituciones que componen al Estado ecuatoriano. Todas ellas poseen un objetivo que deben cumplir y de acuerdo a sus competencias, están sujetas a satisfacer las demandas sociales.
Existen diversas causas por lo que las instituciones no cumplen con sus objetivos. Las causas pueden administrativas, económicas o políticas, desde una definición poco clara de su planificación institucional hasta la injerencia de actores políticos en el proceso decisorio de la entidad.
Estas causas no solamente afectan a la eficacia y eficiencia de la institución, sino también a su propia estabilidad y al bienestar y satisfacción de los ciudadanos con la gestión pública. Una institución inestable no puede satisfacer óptimamente la demanda de la ciudadanía. Aquello afecta directamente a su credibilidad y confiabilidad. La institución que no cumple con su objetivo y se mantiene en un vicio de inestabilidad genera crítica y rechazo en la ciudadanía.
El último informe de la Corporación Latinobarómetro de 2023 revela que el 50,1% de personas encuestadas no confía en la Asamblea Nacional. El gobierno obtuvo una suerte similar, dado que el 52,6% de encuestados sostuvo que no le tiene confianza. El poder judicial, aunque con una puntuación menor, no es menospreciable, pues el 47% de encuestados reveló no tener confianza en las instituciones que administran la justicia.
Si bien estos datos no son definitivos, sí son indicativos para evaluar hacia dónde están caminando las instituciones, cómo están funcionando y por qué no están siendo eficaces. Es menester recordar que la inestabilidad institucional no solamente produce desconfianza en la ciudadanía en las entidades públicas, sino también una desconfianza en el sistema político y la democracia misma.
Referencias:
Corporación Latinobarómetro. 2023. “Análisis Online”. https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
Ministerio de Economía y Finanzas. 2024. “Catálogo de instituciones y entidades operativas desconcentradas del sector público activas”. https://www.finanzas.gob.ec/catalogo-de-instituciones-y-entidades-operativas-desconcnetradas-del-sector-publico/
Pérez, Vicente y Jorge Tamayo. 2023. Derecho a la buena administración pública, referente de eficacia y eficiencia en la actividad administrativa. Revista Eruditus 3(3), 43-59. https://doi.org/10.35290/re.v3n3.2022.716
Rothstein, Bo. 2001. “Las instituciones políticas: una visión general”. En Robert E. Goodin y Hans Dieter Klingemann (Eds.). Nuevo Manual de Ciencia Política. Madrid: Istmo, 199-246.
Valles, Joseph. 2006. Ciencia política: una introducción. Barcelona: Ariel. https://ovejasconpieldelobo.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/01/josep-m-valles-ciencia-politica-una-introduccion.pdf
Autor:
Diego Aguirre
politólogo y especialista en diseño de políticas públicas