Crisis ambiental y sanitaria en Ecuador: el impacto del derrame de petróleo en la salud pública y la respuesta gubernamental

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Autora: Karina Andrade

El 13 de marzo de 2025, un derrame de más de 25.000 barriles de petróleo ocurrido en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Vergel, en el cantón Quinindé, contaminó tres ríos, manglares y playas, afectando áreas protegidas y dejando sin agua potable a varias ciudades, incluyendo a Esmeraldas. Petroecuador, la empresa estatal que maneja el oleoducto, confirmó la magnitud del derrame el 25 de marzo, después de que se filtrara un documento interno. La ruptura de la tubería se atribuyó a un deslizamiento de tierra, pero la ministra de Energía y Minas sugirió un posible sabotaje, aunque no se presentaron pruebas (Huffington Post, 2025). Petroecuador recuperó y trató el crudo mezclado con agua y comenzó la limpieza de las zonas afectadas. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (2025), más de medio millón de personas se vieron afectadas, lo que generó un incremento de afecciones respiratorias y gastrointestinales, principalmente en comunidades costeras como Las Palmas y Atacames.

Impacto en la salud pública

El derrame afectó directamente a más de 800 familias y obligó a suspender el suministro de agua potable en los cantones de Esmeraldas y Atacames. La contaminación de fuentes hídricas, la exposición al petróleo y a sus vapores tóxicos produjo una serie de afecciones inmediatas en la población (Huffington Post, 2025). Los principales síntomas reportados fueron enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y problemas gastrointestinales. Aproximadamente el 75% de los pacientes atendidos por brigadas médicas presentaron síntomas respiratorios, el 20% irritaciones cutáneas y el 5% malestares estomacales (IFRC, 2025).

Además, se detectaron múltiples casos de conjuntivitis, cefaleas y mareos. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se entregaron mascarillas en las zonas más afectadas y se envió brigadas móviles para atención médica primaria (Primicias, 2025). En respuesta, la Cruz Roja Ecuatoriana instaló tres plantas potabilizadoras que en solo dos días lograron producir más de 150.000 litros de agua limpia para unas 10.000 personas (IFRC, 2025).

Respuesta gubernamental

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional declaró la emergencia en Esmeraldas y cerró de inmediato de las playas afectadas (Primicias, 2025). Además, se instalaron barreras de contención y sistemas de recuperación de crudo en zonas costeras y manglares. El presidente Daniel Noboa ordenó a Petroecuador asumir la remediación ambiental y la reparación integral de las familias afectadas. También se creó un fondo económico de emergencia para acelerar la respuesta y restaurar el suministro de agua (Vistazo, 2025). Hasta la fecha, se han distribuido 430.000 galones de agua potable en Esmeraldas (Primicias, 2025).

Opinión de grupos ambientales y ciudadanos

Organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos y líderes comunitarios dicen que el desastre no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural vinculada a la falta de mantenimiento en la infraestructura petrolera, la escasa transparencia estatal y la ausencia de mecanismos eficaces de participación ciudadana en temas ambientales (Mongabay Latam, 2023).

Colectivos como Acción Ecológica, Frente de Defensa de la Amazonía y grupos comunitarios de Esmeraldas han denunciado una subestimación inicial del derrame por parte de Petroecuador y demandan una auditoría independiente sobre las causas del incidente.También han pedido apoyo a organismos internacionales para que supervisen la remediación (Mongabay Latam, 2023).

Asimismo, varias ONGs internacionales como Greenpeace, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han mostrado interés en documentar el caso y presionar al Estado ecuatoriano para asegurar justicia ambiental y reparación integral para las víctimas (Amnistía Internacional, 2024; Human Rights Watch, 2015).

Atención a problemas de salud

La atención en salud tras el derrame, no fue oportuna ni suficiente frente a la magnitud del desastre. Aunque el Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegó brigadas médicas y reportó al menos 276 atenciones en zonas afectadas como Quinindé, estas medidas llegaron con retraso. Autoridades locales, como el alcalde de Quinindé, señalaron públicamente que pasaron entre tres y cuatro días sin una intervención efectiva del gobierno, lo que permitió que los efectos tóxicos del crudo afectaran a cientos de personas sin asistencia inmediata (Vistazo, 2025).

La tardanza en la entrega de insumos médicos básicos, como mascarillas o agua potable, evidenció deficiencias en los protocolos de emergencia sanitaria del Estado. Si bien se realizaron esfuerzos posteriores, como el despliegue de plantas potabilizadoras por parte de la Cruz Roja, la primera fase crítica de atención sanitaria no respondió con la celeridad necesaria para mitigar daños inmediatos a la salud pública (Edición Médica, 2025).

A pesar de las acciones emprendidas, todavía hay desafíos significativos en la remediación ambiental, la restauración de los ecosistemas y la recuperación de los medios de vida de las comunidades costeras. La magnitud del desastre ha mostrado la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura y los protocolos de respuesta ante emergencias ambientales en Ecuador, así como la transparencia en la gestión estatal de estos incidentes (Huffington Post, 2025).

Bibliografía

Autora

Karina Andrade

Voluntaria de Investoria Foundation. Médica general y colaboradora en diferentes redes de jóvenes y estudiantes.

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